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Nadie toque la chequera
NADIE TOQUE LA CHEQUERA
El Gobierno no quiere hacerse cargo del hondo agujero fiscal de las provincias
Las claves detrás de la discusión por la coparticipación del impuesto al cheque. ¿Quién carga la mochila del déficit fiscal? La increíble discrecionalidad con la que se reparten las obras públicas en las provincias. Maximiliano Montenegro.
“Hablemos en serio de las cosas profundas… hablemos con los números claros”, pidió Cristina, al criticar el proyecto de partidos de la oposición para coparticipar la recaudación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios. “Cuando escucho sobre proyectos para reformar la ley del cheque para supuestamente favorecer a las provincias, creo que no saben que esto significa sacarle al Presupuesto nacional 10.000 millones de pesos que van a las provincias”, agregó. Y deslizó que, de quitarse esos recursos a la Nación, se restarían fondos para jubilaciones, planes sociales y universidades, entre otros gastos.
Repasemos los números, en serio. Este año se recaudarán unos 24.000 millones de pesos del impuesto al cheque. El 85% de esos fondos quedan en las arcas nacionales y sólo 15% se distribuyen entre las provincias. Si la ecuación del reparto se modificara sobre la base de la Ley de Coparticipación vigente, las provincias deberían apropiarse de casi $ 10 mil millones adicionales, que cedería el fisco nacional.
Primer tema. Lo anterior no significa que el Presupuesto nacional quedaría desfinanciado o que se crearía un peligroso agujero fiscal que –irresponsablemente– nadie explica cómo costear.
Ese agujero fiscal ya existe hoy, pero en las cuentas de las provincias. La discusión, en última instancia, es quién carga con la mochila del déficit fiscal: los gobernadores o la Casa Rosada. Si se mantuviera el estatus del reparto, los gobernadores deberían buscar este año financiamiento a un déficit del orden de los $ 15 mil millones, suponiendo que otorgaran a los empleados públicos un módico aumento salarial del 10% promedio anual. En ese escenario, la Nación auxiliaría –refinanciando deuda y girando fondos– a las administraciones en dificultades; mientras que otra porción del déficit se cubriría –de concretarse el canje de deuda con los holdouts– con la emisión de bonos en el mercado.
Si se coparticipara el impuesto al cheque, en cambio, algunas provincias atenuarían el rojo: por ejemplo, los $ 800 millones que recibirían Santa Fe y Córdoba les permitiría reequilibrar sus cuentas. Buenos Aires, responsable por más del 70% del déficit provincial, recibiría unos $ 2.000 millones, con los cuales taparía una parte menor del bache fiscal; de ahí la estrategia de Daniel Scioli de abrazarse a la Casa Rosada. Mientras que varias administraciones chicas pasarían a mostrar superávit. (Dicho sea de paso, ¿nadie le recordó a la Presidenta que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe pagan sus propias jubilaciones?)
En este escenario la pelota volvería al campo K. Amado Boudou debería hallar financiamiento adicional por los $ 10.000 millones faltantes. No es una cifra que agrande de manera dramática la brecha de financiamiento que ya existe en el Presupuesto 2010: según la propia ley, $ 55.000 millones, que se estiraría a casi $ 90.000 millones contabilizando gastos no previstos en la norma (subsidio a la niñez, mejoras salarios públicos, movilidad jubilatoria).
Una alternativa sería compensar la pérdida de recaudación recortando transferencias discrecionales a las provincias. Por caso, hasta el tercer trimestre de 2009 (último dato oficial), el gobierno nacional había devengado Transferencias de Capital a las provincias por $ 10.785 millones, de un crédito para todo el año de $ 19 mil millones. Son recursos del Presupuesto que se envían –por fuera de las transferencias “automáticas” de la coparticipación– para que cada gobernador pague obras públicas u otras inversiones en su territorio.
Después de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires (donde se computa los gastos de capital de empresas públicas como Aerolíneas o AySA), Santa Cruz, con el 6% del total, lideró en 2009 el ranking de la felicidad, por delante de provincias grandes como Santa Fe y Córdoba. ¿Hay mejor prueba de la discrecionalidad absoluta con que se digitan esas transferencias para ordenar el tablero político del país?
Aquí está la otra clave del asunto. Difícil que Kirchner acepte la fórmula “más recursos a las provincias fijados por ley a cambio de menores transferencias desde la Nación firmadas a sola firma presidencial”. (Si bien el listado de obras financiado con transferencias de capital figura en el Presupuesto –la famosa “planilla de la felicidad”–, los recursos sólo se giran con la autorización de la Secretaría de Hacienda, que Kirchner maneja a puro telefonazo con Juan Carlos Pezoa, quien desempeñaba una función similar en tiempos de la dupla Menem-Cavallo). Otra de las cajas favoritas de Olivos es la Dirección Nacional de Vialidad, cuyos recursos se asignan con una discrecionalidad todavía más grosera, que rememoran los tiempos dorados de La Rioja menemista:
• De los $ 6.692 millones gastados por Vialidad en 2009, $ 530 millones se ejecutaron en Santa Cruz (8% del total). Un monto equivalente a los 553 millones erogados en Buenos Aires (8,2%).
• En cambio, Santa Fe recibió solo $ 300 millones (4,5% del total); Córdoba, 247 millones (3,7%); y Mendoza, 178 millones (2,6%).
• Incluso provincias pobres y extensas, como Santiago del Estero, donde gobierna un radical K, quedaron relegadas en la distribución: $ 162 millones, menos de un tercio en comparación con Santa Cruz. Ni qué decir gobernadores históricamente enfrentados con el matrimonio presidencial, como los Rodríguez Saá en San Luis: allí se destinó apenas el 0,6% del total de recursos.
Esta semana empezará discutirse en el Congreso cómo se administrará la chequera fiscal en el futuro. Cristina avisó ayer que prefiere asumir el costo político de vetar una ley a perder la potestad de ser la única firma autorizada.
http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=40060
El Gobierno no quiere hacerse cargo del hondo agujero fiscal de las provincias
Las claves detrás de la discusión por la coparticipación del impuesto al cheque. ¿Quién carga la mochila del déficit fiscal? La increíble discrecionalidad con la que se reparten las obras públicas en las provincias. Maximiliano Montenegro.
“Hablemos en serio de las cosas profundas… hablemos con los números claros”, pidió Cristina, al criticar el proyecto de partidos de la oposición para coparticipar la recaudación del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios. “Cuando escucho sobre proyectos para reformar la ley del cheque para supuestamente favorecer a las provincias, creo que no saben que esto significa sacarle al Presupuesto nacional 10.000 millones de pesos que van a las provincias”, agregó. Y deslizó que, de quitarse esos recursos a la Nación, se restarían fondos para jubilaciones, planes sociales y universidades, entre otros gastos.
Repasemos los números, en serio. Este año se recaudarán unos 24.000 millones de pesos del impuesto al cheque. El 85% de esos fondos quedan en las arcas nacionales y sólo 15% se distribuyen entre las provincias. Si la ecuación del reparto se modificara sobre la base de la Ley de Coparticipación vigente, las provincias deberían apropiarse de casi $ 10 mil millones adicionales, que cedería el fisco nacional.
Primer tema. Lo anterior no significa que el Presupuesto nacional quedaría desfinanciado o que se crearía un peligroso agujero fiscal que –irresponsablemente– nadie explica cómo costear.
Ese agujero fiscal ya existe hoy, pero en las cuentas de las provincias. La discusión, en última instancia, es quién carga con la mochila del déficit fiscal: los gobernadores o la Casa Rosada. Si se mantuviera el estatus del reparto, los gobernadores deberían buscar este año financiamiento a un déficit del orden de los $ 15 mil millones, suponiendo que otorgaran a los empleados públicos un módico aumento salarial del 10% promedio anual. En ese escenario, la Nación auxiliaría –refinanciando deuda y girando fondos– a las administraciones en dificultades; mientras que otra porción del déficit se cubriría –de concretarse el canje de deuda con los holdouts– con la emisión de bonos en el mercado.
Si se coparticipara el impuesto al cheque, en cambio, algunas provincias atenuarían el rojo: por ejemplo, los $ 800 millones que recibirían Santa Fe y Córdoba les permitiría reequilibrar sus cuentas. Buenos Aires, responsable por más del 70% del déficit provincial, recibiría unos $ 2.000 millones, con los cuales taparía una parte menor del bache fiscal; de ahí la estrategia de Daniel Scioli de abrazarse a la Casa Rosada. Mientras que varias administraciones chicas pasarían a mostrar superávit. (Dicho sea de paso, ¿nadie le recordó a la Presidenta que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe pagan sus propias jubilaciones?)
En este escenario la pelota volvería al campo K. Amado Boudou debería hallar financiamiento adicional por los $ 10.000 millones faltantes. No es una cifra que agrande de manera dramática la brecha de financiamiento que ya existe en el Presupuesto 2010: según la propia ley, $ 55.000 millones, que se estiraría a casi $ 90.000 millones contabilizando gastos no previstos en la norma (subsidio a la niñez, mejoras salarios públicos, movilidad jubilatoria).
Una alternativa sería compensar la pérdida de recaudación recortando transferencias discrecionales a las provincias. Por caso, hasta el tercer trimestre de 2009 (último dato oficial), el gobierno nacional había devengado Transferencias de Capital a las provincias por $ 10.785 millones, de un crédito para todo el año de $ 19 mil millones. Son recursos del Presupuesto que se envían –por fuera de las transferencias “automáticas” de la coparticipación– para que cada gobernador pague obras públicas u otras inversiones en su territorio.
Después de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires (donde se computa los gastos de capital de empresas públicas como Aerolíneas o AySA), Santa Cruz, con el 6% del total, lideró en 2009 el ranking de la felicidad, por delante de provincias grandes como Santa Fe y Córdoba. ¿Hay mejor prueba de la discrecionalidad absoluta con que se digitan esas transferencias para ordenar el tablero político del país?
Aquí está la otra clave del asunto. Difícil que Kirchner acepte la fórmula “más recursos a las provincias fijados por ley a cambio de menores transferencias desde la Nación firmadas a sola firma presidencial”. (Si bien el listado de obras financiado con transferencias de capital figura en el Presupuesto –la famosa “planilla de la felicidad”–, los recursos sólo se giran con la autorización de la Secretaría de Hacienda, que Kirchner maneja a puro telefonazo con Juan Carlos Pezoa, quien desempeñaba una función similar en tiempos de la dupla Menem-Cavallo). Otra de las cajas favoritas de Olivos es la Dirección Nacional de Vialidad, cuyos recursos se asignan con una discrecionalidad todavía más grosera, que rememoran los tiempos dorados de La Rioja menemista:
• De los $ 6.692 millones gastados por Vialidad en 2009, $ 530 millones se ejecutaron en Santa Cruz (8% del total). Un monto equivalente a los 553 millones erogados en Buenos Aires (8,2%).
• En cambio, Santa Fe recibió solo $ 300 millones (4,5% del total); Córdoba, 247 millones (3,7%); y Mendoza, 178 millones (2,6%).
• Incluso provincias pobres y extensas, como Santiago del Estero, donde gobierna un radical K, quedaron relegadas en la distribución: $ 162 millones, menos de un tercio en comparación con Santa Cruz. Ni qué decir gobernadores históricamente enfrentados con el matrimonio presidencial, como los Rodríguez Saá en San Luis: allí se destinó apenas el 0,6% del total de recursos.
Esta semana empezará discutirse en el Congreso cómo se administrará la chequera fiscal en el futuro. Cristina avisó ayer que prefiere asumir el costo político de vetar una ley a perder la potestad de ser la única firma autorizada.
http://www.criticadigital.com/impresa/index.php?secc=nota&nid=40060
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