"Vemos una corporación tabacalera multinacional intentando intimidar a un gobierno de un país pequeño que se ha convertido en un líder regional en materia de control de tabaco", dijo a la AFP Patricia Lambert, directora del Consorcio legal internacional, que integra la organización no gubernamental Campaign for Tobacco-free Kids.

"Y consideramos que no puede ser que las corporaciones le digan a los gobiernos lo que pueden o no pueden hacer en lo que refiere al bienestar de sus ciudadanos", añadió.

Una delegación de la ONG se reunió el lunes y martes con autoridades del gobierno y parlamentarios para ofrecer su asesoramiento en un litigio iniciado a principios de año por Philip Morris, que alega que las disposiciones para prevenir el consumo de cigarrillos chocan con un tratado de inversiones suscrito entre Uruguay y Suiza, donde la tabacalera tiene oficinas.

"No vamos a decirle al gobierno uruguayo qué hacer", destacó Lambert, explicando que ofrecieron asesoramiento legal para enfrentar un eventual juicio.

"Creemos que es escandaloso que una corporación tabacalera que obtiene sus beneficios por vender productos peligrosos para la salud de la gente intente evitar que el gobierno uruguayo proteja a sus ciudadanos. Creemos que la compañía está apuntando a Uruguay porque el país es pequeño, porque necesita todo su dinero para sus ciudadanos y no embarcarse en demandas", opinó.

Según la especialista, si la multinacional logra que el gobierno uruguayo flexibilice las medidas antitabaco, aplicará una estrategia similar en otros países.

Uruguay se convirtió el 1° de marzo de 2006 en el primer país de América Latina y el quinto del mundo en ser libre de humo de tabaco, estableciendo multas de más de 1.000 dólares para aquellos que violen la prohibición de fumar en ambientes cerrados público o privados a excepción de los domicilios.

En el marco de su dura política contra el tabaco, se prohibió por completo la publicidad de cigarrillos y el uso de términos o simbología que lleven a engaño sobre la nocividad de estos productos, se aplican planes de diagnóstico y tratamiento de la dependencia del tabaco y se aumentaron los impuestos.

En julio, el ministro de Salud, Daniel Olesker, anunció que el gobierno flexibilizaría algunas de estas normas, básicamente reducir el tamaño de los pictogramas que advierten en los paquetes de cigarrillos de los perjuicios de fumar y que se permitiría a las tabacaleras comercializar más de un producto bajo la misma marca.

El gobierno admitió que el motivo era el litigio entablado por Philip Morris International y el presidente uruguayo, José Mujica, estimó que el país estaba "peleando con monstruos que tienen más recursos que el estado uruguayo".

Ante la polémica interna generada por los anuncios, el gobierno aseguró que la eventual flexibilización de las medidas antitabaco aún estaba en estudio.

El caso de Uruguay formará parte de los debates de la 4a Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que se desarrollará en noviembre en Punta del Este.