Un control policial de aparente rutina en el peaje de General Lagos, un pretexto para exigir dinero a dos automovilistas y el uso de recursos muy poco discretos para conseguirlo. Esa secuencia resume la extorsión que dos turistas sufrieron en enero de 2008 y por la que intervino el Consulado de España de Rosario. Por el pedido de coima cuatro policías fueron condenados en diciembre pasado a seis años de prisión y esa pena ahora quedó firme con un fallo de la Cámara Penal, que encontró evidencias suficientes para considerar a los efectivos culpables del delito de extorsión.

La Sala II de la Cámara Penal mantuvo la condena que en primera instancia había aplicado la jueza de Sentencia Carina Lurati a cuatro policías de la Patrulla de Caminos: Eduardo Víctor Alvarez, Daniel Eduardo Rolón, Luis Eduardo Sciortino y Leonardo Enrique José Rodríguez. Todos recibieron seis años de prisión.

Los camaristas Adolfo Prunotto Laborde y Juvencio Mestres (un tercer integrante, Alfredo Ivaldi Artacho, se abstuvo de opinar) evaluaron que los argumentos de la apelación ya habían sido rebatidos en la primera sentencia. Dispusieron la notificación del fallo al Consulado de España, que intervino en la denuncia porque una de las víctimas era un ciudadano español, y al jefe de la policía rosarina, Marcelo Casajús.

Chantaje internacional. La extorsión fue el 11 de enero de 2008 en el control policial de General Lagos. Ese día Santiago Mercatante, un peluquero bonaerense, y su primo español Juan Ramón Balmont López, que había llegado como turista, se presentaron en el consulado español y plantearon que cuatro policías les habían exigido dinero para dejarlos continuar, a cambio de no abrirles una causa por traslado de tranquilizantes que, según ellos, fueron plantados en su vehículo.

Luego radicaron la denuncia judicial, en la cual precisaron que les entregaron 950 pesos a los agentes, pero éstos no estuvieron conformes y los forzaron a pedir un giro de 800 euros a los familiares del ciudadano español. Dos policías se subieron a su auto y otros dos los siguieron en una patrulla hasta un local del correo Western Union de San Martín al 3300. Además denunciaron que estuvieron retenidos por algo más de cuatro horas, que les robaron mercadería que transportaban, el estéreo del auto y una cámara de fotos, aunque les permitieron quedarse con el chip de memoria.

Tras el impacto público de la denuncia diez policías fueron puestos en disponibilidad. Las pruebas consideradas contra los seis finalmente condenados fueron los relatos coincidentes en detalles de las víctimas, el ticket de peaje, declaraciones de otros policías de la Patrulla de Caminos que no fueron imputados en la causa y una pericia informática.

A lo que se sumó una prueba esencial: los reconocimientos de los uniformados en ruedas de personas. Rolón fue sindicado como quien plantó las pastillas. Rodríguez por apoderarse del estéreo y la cámara. El turista español lo apuntó además como el hombre que bajó al local de Wester Union a cobrar el giro.

Apriete diplomático. Dos días después de la denuncia, el entonces canciller español Gerardo Hernández Illanes recibió una amenaza telefónica. El perito policial asignado a la investigación de la llamada, quien constató la amenaza, sufrió otras tres intimidaciones. En una de esas ocasiones le hicieron llegar una ojiva calibre 9 milímetros, como las balas de uso policial. Para la Cámara esos actos también fueron un indicio contra los sentenciados: "La experiencia permite inferir que esos actos fueron realizados por personal policial. ¿Quién más puede conocer autos particulares y direcciones familiares de un policía?".

Fuente La Capital
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