Después de más de 15 horas de debate, el oficialismo logró la aprobación de la nueva Ley de Radiodifusión que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, envió al Congreso el 27 de agosto, considerando que su proyecto iba a "poner a prueba a la democracia argentina”.

Con 44 votos a favor y 24 en contra, la iniciativa K salió victoriosa en la votación en general que se desarrolló en el Senado de la Nación, con la presencia del vicepresidente Julio Cobos, que finalmente no votó.

El mendocino presidió la sesión maratónica de debate sobre la ley de Radiodifusión, aunque sin el protagonismo que había adquirido en la histórica madrugada en que se trató la también polémica
resolución 125, en medio del conflicto del campo.

Fiel a su estilo sin estridencias, el mendocino encabezó la sesión especial que él mismo autorizó la semana pasada, aunque durante la extensa jornada se turnó en la coordinación del debate
con el presidente provisional del Senado, José Pampuro.

Si bien el escenario recordó a la histórica sesión de hace poco más de un año por las retenciones móviles, en esta ocasión el oficialismo se preparó con más cuidado para asegurarse un resultado positivo y salió a conquistar otras voluntades, logrando dos conquistas sorpresivas: las de la radical correntina Dora Sánchez y la del bussista tucumano Carlos Salazar.

Además, para no dejar nada librado a la suerte, se supo que la bancada del Frente para la Victoria convenció a la misionera Elida Vigo, que está con licencia por enfermedad, para que se presentara en el recinto y votara junto con su bloque.

Muchas especulaciones rodearon el tratamiento de la ley desde que ingresó al Congreso en agosto y consiguió media sanción en Diputados el 17 de septiembre, gracias a los votos del Frente para la Victoria y partidos de centroizquierda.

Los debates giraron en torno al requerimiento de audiencias públicas, los vericuetos en torno al quórum de las sesiones y las declaraciones cruzadas entre empresarios de medios y funcionarios colmaron la escena pública.

Una ley controvertida
Las principales críticas al proyecto que esta madrugada fue convertido en ley rondaban en la posición que el Estado se reserva en materia de radiodifusión, tanto por el manejo de las licencias como por las pautas oficiales de publicidad y en la del artículo más cuestionado, el 161, que obliga a los adjudicatarios de licencias de medios a desprenderse de ellos en el plazo de un año.

El polémico artículo dice: "Los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición".

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