La nueva postura del Gobierno sobre legalizar la tenencia de drogas para consumo personal abrió un debate, pero también puso el foco sobre un nuevo aspecto: sacar a los usuarios de drogas del sistema penal para llevarlos al sistema de salud y contención social, va a obligar a esas áreas dar una nueva respuesta a la problemática que hoy no están dando. En palabras del propio viceministro de Salud de la Nación, Carlos Sorati, "hasta ahora las estrategias no han sido del todo efectivas, pero hay una decisión política muy fuerte de que lo sean".

Por eso, además de la Comisión Científica Asesora que funciona en el Ministerio de Justicia y es la encargada de proponer un cambio en la ley de drogas, se creó una mesa interministerial a la cual se sentaron ya dos veces nada menos que los ministros de Justicia (Aníbal Fernández), Salud (Graciela Ocaña), Educación (Jorge Tedesco), Desarrollo Social (Alicia Kirchner) y hasta de Trabajo (Carlos Tomada).

Se trata de un plan informal pero que, según comprobó Clarín en los distintos ministerios involucrados, tiene un gran impulso político, ya que todos comprometieron recursos para un proyecto común que buscará recuperar a los adictos no solo en sentido sanitario, sino social: finalización de los estudios, capacitación, salida laboral, integración a redes barriales. Y tanto interés oficial se basa no solo en darle una nueva cabida a los adictos a drogas ilícitas, sino también de las lícitas, sobre todo el abuso de alcohol en jóvenes.

Este nuevo enfoque se basa en lo que, desde la coordinación de la Comisión Asesora, la fiscal Mónica Cuñaro denomina "un cambio de paradigma", y que está en línea con la posición que le Mercosur ya adoptó como bloque regional en el tema, con avances en materia de despenalización en Uruguay y Brasil ya concretados. Los consumidores dejan de ser delincuentes y dejan de ser todos iguales. Para los adictos, el foco pasa a estar en el tratamiento de salud.

Según las estimaciones de la Comisión Científica Asesora, los adictos no superan el 10% de los casos, mientras que si se agregan los consumidores conflictivos -por su situación de marginación social- la cifra trepa a un 20% del total de usuarios. Y para los que no son adictos ni usuarios conflictivos, el plan en marcha es que las políticas públicas hagan algo que en Europa ya es canción conocida hace diez años, pero que aquí todavía suena a nuevo: reducción de daños. Esto quiere decir: prevenir y concientizar sobre los peligros y consecuencias de consumir drogas.

De todas formas, la Comisión ya lanzó una encuesta que va a relevar 51.000 hogares del país (representativos de un 95% de las poblaciones urbanas), para tener un "mapa de las adicciones".

Según explicó un miembro de la comisión "servirá para saber hoy cuál es la magnitud del problema y generar políticas, pero también para evitar que un intendente venga a decir que en su distrito tiene 5.000 adictos para conseguir fondos, cuando en realidad son 500".

Según el viceministro Sorati, el nuevo enfoque "implica reconocer un diagnóstico que va mucho más allá del consumo de drogas prohibidas, porque el abuso del alcohol es el más extendido en toda la sociedad, y también están el consumo de fármacos, de tabaco. La nueva visión sobre la estrategia de intervención se trata de correrlo hacia un núcleo que tenga que ver con la salud y la calidad de vida y con acciones de prevención, de asistencia, cuando el daño existe. Para eso están el sistema de salud, junto con el Sedronar y Desarrollo Social".

El tercer paso del proyecto oficial es combatir más y mejor a la oferta y las redes de narcos. Y el hecho de que sea Cuñarro quien está al frente de la Comisión habla de que esto no es pura declamación: la fiscal tuvo un rol central en el combate del narco en las villas de Bajo Flores, donde juntó artesanalmente con sus colegas causas dispersas por diversos crímenes hasta lograr conformar el mapa de una asociación ilícita encabezada por un narco peruano conocido como "Marcos". En su camino, se enfrentó con Aníbal Fernández, acusando a la Federal de encubrimiento. Y marcándole cómo la policía detenía a consumidores en las villas en lugar de los narcos. Luego lo convenció de que los recursos se malgastaban, y comenzó el giro de la política oficial.

Pero hasta que ese giro no se concrete -en el gobierno hablan de dos años, pero en el Congreso ya a empezaron a moverse- todo consumidor de drogas que sea detenido con sustancias es considerado un delincuente, con penas que van de un mes a dos años de prisión. De estas causas se inician 10 mil al año, pero la mayoría termina proscripta o con el acusado aceptando que es adicto para que le permitan conmutar la pena por un tratamiento. "En esto estamos peor imposible", diagnostica el juez Roberto Falcone, de la Comisión Asesora.

Fuente: http://www.natural-rasta.com.ar/index_v2.php?id=691&pagina=1