La ministra de Seguridad Nilda Garré, desde antes del asesinato de Ramón Aramayo, tenía decidido purgar más de la mitad de las seccionales de Capital Federal incluida la del barrio de Liniers. Esto no significa que los comisarios y sus colaboradores serán necesariamente pasados a disponibilidad; cabe la posibilidad de que sólo sean movidos de jurisdicción. Ahora, surge la pregunta: si los cambios son, en su mayoría, por sospechas o, directamente, por denuncias de corrupción ¿se los "castiga" permitiéndoles aplicar sus sucias intenciones en otros distritos? Mientras tanto, seguimos esperando que la Justicia encuentre y condene a los responsables de la muerte de nuestro compañero de tribuna.



El castigo ejemplificador, sobre todo el que dicta la Justicia, es vital para mantener el orden y condenar a quienes se manejan en la ilegalidad. Si la ministra de Seguridad Nilda Garré, escoltada en la decisión por el jefe de la Policía Federal Enrique Capdevilla, determina que por razones de fallas en la tareas o por hechos de corrupción, entre muchas otras, es necesaria una purga en 36 de las 53 comisarías de la Capital bienvenida sea la medida.

Ahora, no siempre estas limpiezas terminan en una remoción total del cargo sino en un simple cambio de jurisdicción. Un ejemplo traído del fútbol sería cuando un árbitro hace mal sus deberes al impartir justicia en un partido y se lo castiga haciéndolo dirigir en una categoría menor por una fecha. ¿Dónde está el escarmiento?

En el caso de la Comisaría 44, la Ministro de Seguridad había dado un adelanto hacía una semana de lo que podía llegar a ocurrir con el comisario al pasar a "disponibilidad preventiva" a cuatro efectivos de esa seccional sospechados de haber causado las lesiones que derivaron en el fallecimiento del hincha y socio de San Lorenzo, Ramón Aramayo. De hecho, el fiscal de instrucción Patricio Lugones caratuló la causa como "muerte dudosa sospechada de criminalidad".

El responsable de la 44, Carlos Stamato, y al menos dos de sus colaboradores, Oscar Dolcemascolo y Héctor Del Papa, serán removidos de sus cargos en breve si bien aún se desconoce en qué condiciones. El detonante para tal decisión, como ocurre con bastante frecuencia, fue una muerte dudosa. De nada alcanzaron las denuncias por corrupción de los vecinos del barrio de Liniers ni las muestras acabadas de connivencia entre la barra brava de Vélez Sarsfield y la cúpula de esa seccional, entre otros hechos turbios rayanos a lo ilegal.

Cuando la justicia se expida y encuentre, entre los integrantes de la Comisaría 44, a los culpables de la muerte de Aramayo, poco nos va a importar a qué dependencia los trasladan en tanto estén de las rejas del calabozo para adentro.


Una seccional con antecedentes

No es descabellado afirmar que la Comisaría 44 tiene un "frondoso prontuario", como les gusta decir a los mismos uniformados, que no se ciñe a espectáculos deportivos únicamente.

En sólo 2 años, la Comisaría 44 cambiará por tercera vez a su máximo responsable. En todas las ocasiones, los motivos fueron por circunstancias nada transparentes.

El comisario Eduardo Meta fue señalado como el máximo responsable de la muerte de Rubén Carballo tras la represión policial previo al recital del grupo de rock Viejas Locas. Ese día, la brutalidad de los uniformados dejó un saldo de un fallecido y 30 heridos, además de casi medio centenar de arrestos. Testigos afirmaron que la policía, en claro arreglo con los barras de Vélez, dejaron pasar a los violentos para agredir a la gente. Algunos dijeron que, mientras se abrían paso entre el público a los golpes, "preguntaban desafiantemente por hinchas de San Lorenzo".

Unos meses antes, dos policías de la dependencia 44 fueron detenidos y acusados de secuestrar a narcotraficantes y a delincuentes con el fin de cobrar recate por ellos. La banda estaba integrada, además, por dos miembros de la barra brava de Vélez.

El lamentable episodio previo al recital fue el final de Meta y de sus colaboradores en la 44. Su lugar fue ocupado por Eduardo Bayot, pero las cosas distarían mucho de cambiar. Las denuncias de organizaciones vecinales por complicidad de la policía en la proliferación de prostíbulos ilegales y la protección de los mismos al momento de un allanamiento, provocaron que Bayot durara poco menos de 8 meses en su cargo y que fuera trasladado a la comisaría 13 de Caballito.

Finalmente, la posición fue adjudicada a Carlos Stamato. Sin embargo, los problemas en la jurisdicción empeoraron. Continuaron las denuncias de los vecinos por los prostíbulos clandestinos; se hicieron más fuertes los lazos entre la comisaría y los barras de Vélez; surgieron nuevas acusaciones por liberación de zonas en los barrios; y se especula que, con gran parte de la ola de violencia que se genera a partir del mal desempeño de funciones del personal de esa dependencia, se busca justificar el aumento de servicios adicionales en espectáculos deportivos y musicales.

La actuación policial en el marco del partido del 20 de marzo pasado entre San Lorenzo y Vélez fue el detonante para que, desde el Gobierno, se decidiera tomar cartas en el asunto. La muerte de Aramayo, sumada a la falla (para muchos adrede) del operativo de control para prevenir que los hinchas de Vélez emboscaran en dos oportunidades a los visitantes, fueron determinantes en la remoción del cargo de Stamato y de los dos subcomisarios.

Pase lo que pase con Stamato y sus segundos, lo cierto es que serán reemplazados. Para ocupar el lugar de Stamato, se menciona el nombre del subcomisario Mario Trejo, actual jefe a cargo de la dependencia 42 de Mataderos, quien será ascendido a comisario. La pregunta es: cambian los nombres ¿pero cambiará la historia?

Fuente: http://www.deboedovengo.com/2009/detalle_noticia_home.php?id_noticia=2847