Doble revés judicial para Mauricio Macri

La Justicia le negó un planteo en el caso de las escuchas ilegales y un fiscal rechazó el pedido de nulidad por los delitos de la UCEP. Ahora el juez debe resolver, previa opinión de las querellas, si rechaza el planteo del jefe de Gobierno porteño y, por lo tanto, si lo vuelve a citar a indagatoria.



En apenas unas horas de diferencia, Mauricio Macri recibió un doble revés judicial. Por un lado, le negaron un planteo en las causa de espionaje ilegal en la Ciudad. En tanto, el fiscal de instrucción Marcelo Roma rechazó al pedido de nulidad que presentó el jefe de Gobierno porteño en la causa en la que está acusado acusado por las agresiones y amenazas en la UCEP contra personas en situación de calle.

Escuchas ilegales. La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó  un planteo de nulidad presentado por los abogados defensores del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, en la causa en la que está procesado por supuestas escuchas telefónicas ilegales.

La defensa del jefe de gobierno había solicitado la medida porque la llamada que alertó a Sergio Burstein (familiar de una víctima del atentado a la AMIA) de que su teléfono había sido intervenido, la habría realizado un agente de los servicios de inteligencia.

El planteo del tribunal fue que la ley no impone la obligación de guardar secreto sobre actividades delictivas. La Cámara Federal rechazó hoy un pedido de nulidad interpuesto por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, en la causa por las escuchas telefónicas ilegales en la Ciudad, en la cual está procesado. Macri había pedido la anulación de la causa al señalar que el llamado que dio origen a la investigación fue realizado por un agente de la SIDE a la casa de Sergio Burstein, familiar de una víctima del atentado a la AMIA y alcanzado por las escuchas.

Ese llamado, realizado desde un locutorio, fue atendido por la hija de Burstein, a quien le avisaron que su padre tenía los teléfonos "pinchados". Sobre el planteo de los abogados de Macri, Ricardo Rozental y Santiago Fedel, la Cámara ironizó: "no está en juego la intimidad, la salud, la preservación de la familia, ni la prohibición de autoincriminación, el interés que la parte considera superior es el secreto de la actividad de inteligencia". El llamado que cuestionó Macri fue realizado desde un locutorio y por una persona que aún se desconoce (que la defensa del jefe de Gobierno atribuye a un agente de inteligencia) a la casa de Burstein, y a la hija de éste le avisaron que su padre tenía los teléfonos pinchados.

Para los abogados de Macri, eso es irregular porque el agente de la SIDE a quien ellos le atribuyen la llamado (de nombre Hugo µlvarez) tenía el deber en función de su cargo de guardar el secreto profesional. No obstante, el juez Oyarbide en esa parte de la investigación no pudo comprobar la identidad de quien hizo el llamado, y desestimó el planteo de Macri. Ahora, los camaristas Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, recordaron que nunca se comprobó que fuese de la SIDE quien realizó ese llamado.

UCEP. En este caso, la defensa de Macri había solicitado la nulidad de la indagatoria porque fue ordenada por el juez de instrucción Facundo Cubas sin el requerimiento del fiscal, lo que está prohibido por el Código Procesal Penal, alegó el Jefe de Gobierno.

Pero el fiscal Roma sostuvo que su imputación fue por "un conjunto de hechos ilícitos que se encontrarían comprendidos dentro de una maniobra desplegada regularmente por empleados y autoridades del Gobierno de la Ciudad" más allá de que Macri "fuera omitido en esa oportunidad", informaron fuentes judiciales.

Ahora el juez debe resolver, previa opinión de las querellas, si rechaza el planteo de Macri y, por lo tanto, si lo vuelve a citar a indagatoria. Macri ya faltó a tres citaciones del juez (10 de diciembre, 25 de febrero y 18 de marzo), la última porque estuvo de viaje en Estados Unidos y Francia.

Macri está acusado por las agresiones y amenazas que, según la denuncia, cometieron entre julio de 2008 y octubre de 2009 miembros de la UCEP contra personas en situación de calle.

El jefe de Gobierno firmó en 2008 el decreto 1232 de creación de la UCEP donde se estableció que sus funciones eran "mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión" e "intervenir en tareas operativas destinadas a la preservación de la vía y el espacio público". En la causa también están imputados el ex ministro de Espacio Público Juan Pablo Piccardo y una veintena de ex funcionarios de la UCEP.

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